En la década de los 90, la preocupación principal era la necesidad de reducir el efecto invernadero, cuidar la capa de ozono y desacelerar el calentamiento global. Esta mirada se amplió para incluir temáticas relacionadas a la eficiencia energética y a la gestión de los recursos naturales, dando paso al concepto de “desarrollo sostenible”.
Esta evolución, guiada por la preocupación consciente de los recursos limitados de la tierra y las consecuencias de su consumo imprudente, desemboca en el término transición verde.
Tal como hoy se concibe, el desarrollo de una economía verde sitúa a las fuentes de energía renovables como su eje principal.
En este sentido, dado que el transporte y la logística son partes esenciales de cualquier industria, la importancia de la ecomovilidad pasó de ser sólo ambiental a un tema también estratégico y geopolítico.
En este contexto, ya no sólo hablamos de transición verde, sino también de transformación energética, que implica el abandono progresivo de los combustibles fósiles para pasar al uso de las baterías, que desempeñan un papel clave en el almacenamiento y uso eficiente de energías más limpias.
Toda batería debe cumplir con ciertos requisitos para ser funcionales a escala industrial. Sin embargo su seguridad, durabilidad y rentabilidad ya no son suficientes en este nuevo paradigma.
Para que una batería sea considerada “verde” debe ser eficiente energéticamente, ecocompatible y además ofrecer la posibilidad de ser recicladas de forma fácil y barata.
Desde el 2011, estas exigencias son solucionadas con las baterías ion litio que requieren del litio y el cobalto para su fabricación, introduciendo el concepto de minerales críticos y de transición.
Los minerales críticos son aquellos que desempeñan un papel estratégico en sectores clave de la economía, como son la tecnología, la energía y la seguridad nacional.Por su parte, los minerales de transición son importantes en procesos industriales de transformación y de adopción de nuevas tecnologías.
Estas clasificaciones son importantes en la evolución energética ecosostenible y por tanto dentro de la transición verde. Tanto el litio como el cobalto encajan en ambas subsunciones. Debido a la importancia estratégica y geopolítica de los minerales críticos y de transición, se les asocia picos de alta demanda que la oferta no tiene la capacidad actual de responder.
Para responder a estas fuertes presiones en la cadena de suministro, la industria exige más horas de trabajo mientras que baja sus estándares en el uso de recursos perjudiciales para el medio ambiente para acelerar el proceso de extracción.
La exposición a situaciones de vulnerabilidad genera riesgos adicionales, entre los que se incluyen el trabajo forzoso e infantil.
Como en un espiral descendente, las consecuencias negativas suelen traspasar al ámbito laboral para pasar al de violaciones de los derechos humanos.
Los mayores afectados suelen ser las comunidades locales que por generaciones han vivido en las zonas mineras, siendo testigos de la desaparición gradual de su forma de vida tradicional.
En su versión más difundida la transición verde refiere al abandono del uso de recursos no renovables con efecto invernadero. En una versión más incipiente, este concepto va acompañado del término “transición justa”.
La transición justa supone crear acciones que sean igualmente coherentes con los objetivos nobles planteados por la transformación verde.
Si aspiramos a tener una economía global más ética, sostenible y responsable, el proceso para conseguirlo no debería tolerar graves daños ambientales ni violaciones a los derechos humanos.
En este panorama, resulta de importancia el rol de una adecuada debida diligencia para asegurar que las prácticas de suministro no colaboren con la acentuación de los riesgos ni sigan empujando a los sectores perjudicados hacia la marginilidad.
Un sistema de debida diligencia enfocado en los minerales críticos y de transición, deberá estar especialmentee adaptado a las características de las industrias extractivas y al perfil de las empresas implicadas en su cadena de valor. Al mismo tiempo, se debe considerar la idiosincrasia de la región minera, estableciendo mecanismos de quejas que sean efectivos para orientar las preocupaciones de las comunidades locales.
