¿Es aplicable la Agenda 2030?

Hace apenas unas semanas publique un artículo sobre las consecuencias que se derivan en las organizaciones e instituciones a la hora de defender un valor y no aplicarlo en la gestión de sus acciones (J. Benavides Delgado, 2020).  Ponía el ejemplo del gobierno de España durante la pandemia cuando defendía la transparencia, pero la información que facilitaba era opaca e incluso mentirosa.

Apoyándome en algunas de las referencias de la tradicional filosofía de los valores, parece claro que lo más importante de un valor, no es su formulación sino las consecuencias morales que derivan del compromiso en su aplicación; de lo contrario, el valor se queda en la vaciedad de una palabra sin significado y en unas actuaciones volátiles e incoherentes. La gravedad de esta situación es que, frente a la opinión pública, esta situación genera desconfianza y pérdida de liderazgo moral y conduce en política al recurso, más vergonzoso todavía, de los medios de comunicación amigos para que les sirvan de escudo a políticos y gestores. Sucintamente esto es lo que comentaba en el texto citado y lo que entiendo ha sucedido con el gobierno de España durante la pandemia. Sin embargo, y dejando a un lado la falta de moralidad de los gestores que nos gobiernan, quiero trasladar esta cuestión al ámbito de la Agenda 2030.

Comienzo con una pregunta: ¿Cuál es el problema de fondo de aquella reflexión?  Es un argumento muy sencillo: que los valores que se definen y comprometen en las actuaciones de una organización, de no cumplirse, invalidan aquellos, convirtiendo a ésta en una sucesión de contra valores y pérdida progresiva de liderazgo moral. En efecto, el valor es un compromiso, pero las consecuencias de su cumplimiento o incumplimiento son casi exclusivamente morales.

Una de las cuestiones que parece clara en la gestión del intangible responsabilidad -que se puso tan de moda en el ámbito corporativo hace ya más de quince años- es que su significado depende del cumplimiento de los compromisos que la organización asume a través de esa categoría. Sin embargo, y pese a algunos de los efectos positivos que se han observado a lo largo de estos años en esto de la RSC, las empresas e instituciones siguen confundiendo el significado global de lo que significa ser responsable sobre algo y los efectos que esto tiene en los comportamientos de las personas y la propia organización. Se quedan solamente con la palabra, olvidando que la asunción de un compromiso deriva en un conjunto de consecuencias transversales complejas y diversas. En efecto, la gestión y aplicación de un intangible exige transversalidad en el conjunto de la organización; es decir, interdependencia y corresponsabilidad entre los departamentos (la ruptura de los tradicionales “silos” y la interconexión de los grupos de interés de la organización). A mi juicio, este ha sido un tema no resuelto en muchas de las grandes empresas y menos todavía en las instituciones públicas y organizaciones sociales. La transversalidad significa interdependencia, interconexión y reciprocidad. Precisamente lo más difícil de gestionar en estructuras corporativas que continúan siendo absolutamente verticales y poco interdependientes en su organización interna. Este problema, todavía poco resuelto, afecta el nudo central del intangible (o del valor) y frente a la Agenda 2030 se enfrenta, además, con una cuestión mucho más amplia y global; porque dicha agenda no postula una simple noción sino todo un conjunto de categorías y contenidos que requieren aplicación y desarrollo. Por eso mismo, a mi modo de ver, la Agenda 2030 plantea y exige para cualquier tipo de organización una posición clara sobre sus fundamentos morales.

Sin embargo, lo primero que hicieron, al menos en España, muchas empresas¹  y las propias instituciones públicas a través de sus medios de comunicación, fue coger el rábano por las hojas; es decir, elegir lo más sencillo de entender y más presto al debate y la opinión. Llevamos ya muchos años discutiendo esto del cambio climático y la agenda 2030 lo único que ha hecho es implementarlo en sus contenidos. Sin embargo, su aplicación y desarrollo corporativo adolece de una falta casi absoluta de lo que significa la propia gestión de un intangible como el medio ambiente. Sucede lo mismo que con la responsabilidad, porque se sigue olvidando que lo que exige la gestión y aplicación de un intangible es su interdependencia.  En la actualidad, si ponemos en relación esto de la transversalidad con el tema del valor en el medio ambiente, tenemos muy diversos ejemplos, siendo el más claro por su extensión y peligros no revelados, el tema de las plantas solares que pretenden alicatar grandes extensiones de nuestro territorio nacional. No existe transparencia en la información y menos todavía transversalidad en la gestión de las acciones realizadas. Sin embargo, todo se viste de verde, hasta la información (¿?).

Me explico. De muchos es sabido que en la naturaleza todo se relaciona con todo, y, por ello, cualquier acción que se cometa por parte de la organización y que afecte al medio ambiente afecta a todo el conjunto del entorno (paisaje, residuos, contaminación, desertización, especies naturales, personas, etc.). Sin duda, la única motivación de muchos directivos y responsables públicos es gestionar más negocio y poder, desconociendo lo que significa la transversalidad y los efectos de interdependencia que tiene cualquier actividad sobre la naturaleza y la biodiversidad². Por eso comentaba hace un momento lo de coger el rábano por las hojas.

A la hora de leer, con cierto detalle, la Agenda 2030 y el conjunto de metas propuestas, la dificultad en su comprensión tiene aquí su origen. En el fondo, si las empresas y organizaciones se toman en serio esta agenda deben comprender cual es realmente el fundamento moral y ético del conjunto de sus contenidos y esta cuestión pasa por el tema de la transversalidad e interdependencia que exige cualquier intangible que se gestione. Como ya he comentado, no se puede asociar el intangible de la Responsabilidad o el Medio Ambiente sin relacionar su significado con los efectos en la gestión transversal de los propios valores comprometidos; lo mismo sucede, con los valores presentes en los ODS si no se atiende a las exigencias de una ética interpersonal y, por ende, sin observar los efectos morales de sus acciones obligadamente interdependientes.

Este conjunto de exigencias, que acabo de comentar respecto al medio ambiente, son las únicas que pueden garantizar la moralidad de las acciones cometidas por las organizaciones y sus gestores, evitando con ello, que otros objetivos asociados al negocio o las estructuras ideológicas propias de las instituciones públicas perturben gravemente una gestión moralmente adecuada (J. Benavides, 2021)³ . En el fondo, la transversalidad en la gestión suprime el objetivo exclusivo de negocio o la propia ideología poniendo por encima el bien común sobre todo lo demás. Aquí reside verdaderamente el cambio propuesto en la Agenda 2030, que en el fondo apela, sin decirlo, a una fundamentación real de los principios éticos utilizados. Sin embargo, esta actitud no se observa en las empresas, -especialmente las grandes-, y menos todavía en las instituciones públicas⁴. En ambos casos se sigue manteniendo que el objetivo final y único de la empresa es ganar dinero y el de las instituciones públicas intentar controlar el poder, poniendo por encima del bien común sus propios intereses y estrategias ideológicas. Estos objetivos no pueden ponerse   nunca por encima del bien común y de la ética que lo defiende. A mi modo de ver, esto es lo que tiene que cambiar y no cambia y los ciudadanos seguimos viviendo bajo el engaño.

Comentado todo lo que antecede, será muy difícil que los valores presentes en la Agenda 2030 se conviertan en una asunción real de compromisos y principios éticos por parte de las organizaciones. El mundo corporativo, tal y como lo conocemos en la actualidad, están convirtiendo los contenidos de dicha Agenda en un conjunto de códigos deontológicos y poco más. La sola deontología son normas y como ya se ha escrito en muchos sitios la norma está para saltársela; y esto sucede porque las normas pueden existir sin principios que los fundamenten. Ese es un problema corporativo que se cita en demasía, pero que no define la política y tampoco la economía. Por eso algunos autores (N. Luhmann, 2013) entendían que la política o la economía vivía ausente de la moral; la cuestión que ahora parece añadirse es si el derecho también va a estar obligadamente separado de la moral.

Por todo lo que acabo de comentar, entiendo que la Agenda 2030 exige un cambio en la mentalidad de la propia sociedad, de sus políticos, economistas y comunicadores, al menos los de este primer mundo, tan ocupado por su bienestar y tan ajeno a lo que impone una ética global; algo que no están en condiciones de hacer o, al menos, no saben cómo hacerlo.  De lo contrario, la Agenda 2030 es papel mojado, algo inaplicable.

Referencias Bibliográficas: 

BENAVIDES DEGADO, J., (2020) La pérdida del valor en la gestión política y corporativa en “Ética y gestión de la sostenibilidad para la nueva década: cumplimiento de la agenda 2030 y consecuencias de la crisis sanitaria” (A. Monfort & Villagra, N., eds.), Universidad P. Comillas, Madrid, pp. 161-192.

CARSON, R. (1960) Primavera silenciosa, Crítica, Planeta.

LUHMANN, N., (2013), La moral de la sociedad, Trotta, Madrid.

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Juan Benavides Delgado