Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que las familias que viven en una casa alquilada tienden a encontrarse en una situación más vulnerable que aquellas que tienen su vivienda en propiedad: no sólo les resulta más difícil acceder a una vivienda óptima, sino que también les es más complejo rehabilitar aquella en la que ya residen, aumentando el riesgo de sufrir pobreza energética. Los propietarios de viviendas en alquiler, al no obtener un beneficio inmediato de la rehabilitación del edificio, obstaculizan a menudo la adopción de acuerdos en las comunidades de propietarios.
Para hacerle frente a esta situación la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás ha presentado una propuesta para que el confort térmico y la eficiencia energética sean requisitos mínimos de habitabilidad necesarios para que una vivienda pueda ser alquilada. Así, a partir de esta propuesta, para poner en alquiler una vivienda o para renovar un contrato de alquiler, una vivienda deberá contar con una calificación energética F o superior. Esta calificación mínima deberá ir aumentando con el paso del tiempo, mejorándose así progresivamente las condiciones de vida de los inquilinos y la eficiencia del parque de viviendas en general.
En medio de un contexto marcado por la crisis climática, la Alianza, compuesta por organizaciones de la sociedad civil de distintos ámbitos, sostiene que no es suficiente con dar incentivos económicos a la rehabilitación de viviendas y son necesarias otras medidas que fomenten activamente la rehabilitación y la mejora de las viviendas existentes. La Alianza plantea que las obras necesarias para alcanzar esta calificación energética no deberían repercutirse sobre los inquilinos, considerándose las ayudas a la rehabilitación que se dan actualmente y la relativa sencillez con la que se puede alcanzar una calificación energética F. En cualquier caso, sí deberían realizarse de forma coordinada, para que no entren en conflicto con una posible rehabilitación integral del edificio.
Cabe destacar que la iniciativa no es totalmente novedosa y ya hay otras experiencias del estilo en Europa. Desde comienzos de este año, en Francia no se consideran alquilables las viviendas menos eficientes—aquellas que consumen más de 450 kWh/m² y año—, gracias a un decreto aprobado en enero de 2021. El gobierno francés no plantea este umbral como algo estático, sino que subirá hasta la calificación energética F en 2025, a la E en 2028 y a la D en 2034, de forma similar a lo que plantea la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás.
La versión refundida de la Directiva europea de eficiencia energética en edificios, que deberá ser aprobada durante la presidencia española del Consejo Europeo, también contempla una medida similar, denominada normas mínimas de eficiencia energética: MEPS. Ésta plantea una calificación energética mínima que todos los edificios deben cumplir y que va aumentando con el paso de los años, buscando llegar a 2050 con un parque edificado altamente eficiente, adecuado y con las menores emisiones de gases de efecto invernadero posibles.
Finalmente, la Alianza reivindica el papel esencial de los ayuntamientos y otras entidades locales a la hora de poner en marcha medidas como la propuesta, ya que son ellos quienes mejor conocen el estado del parque residencial local y de las familias que se encuentran en situación de pobreza energética. Por ello confiamos en que los nuevos gobiernos locales y autonómicos que se conformen tras las elecciones del día 28 incorporen en su gestión municipal y autonómica medidas que impulsen y fomenten activamente la rehabilitación y la mejora de las viviendas existentes, especialmente de las familias en situación o riesgo de pobreza energética, ya que una gran parte de estas familias viven en régimen de alquiler.
