Hay muchos factores que pueden generar riesgos de corrupción en el sector privado. De ahí que desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa se recomiende a las empresas que, además de compromisos y políticas, “deben contar con procedimientos específicos para gestionarlos adecuadamente e informar de manera transparente sobre los mismos”.
El informe, presentado por José Díaz Argote y Orencio Vázquez, presidente y coordinador del Observatorio RSC respectivamente, hace especial mención a varios apartados. En primer lugar, se refiere a la independencia de los consejeros, de la que dice que ahora está “en el punto de mira” ya que, pese a que su función es proteger a los accionistas minoritarios y a otros terceros externos de la compañía y deben ser un mecanismo de control efectivo de posibles conductas fraudulentas por parte de los ejecutivos y accionistas de control, “en la mayoría de las empresas es difícil determinar su verdadera condición de independientes”.
Y aporta varios datos. Por ejemplo, que 16 de las empresas del IBEX 35 no tienen mayoría de independientes en el consejo. O que ninguna empresa contempla que la elección del consejero independiente deba contar con el acuerdo de los accionistas minoritarios representados en la Junta General de Accionistas. Y solamente tres de las empresas cuentan con al menos un consejero independiente procedente de ámbitos ajenos al mundo de la empresa y con amplios conocimientos y experiencia en integridad corporativa.
Respecto a la relación con partidos políticos, puertas giratorias, lobby, la queja es que “ninguna de las empresas del IBEX 35 informa de manera clara sobre cómo gestiona estas cuestiones en todos los países en los que mantiene actividad”. También señala que 21 de las empresas del IBEX 35 contaban con consejeros en los consejos de administración durante el ejercicio 2016 que habían ocupado cargos de responsabilidad política en los diez años antes de su nombramiento. Y que pese a que 27 empresas del IBEX 35 informan sobre su posición en relación a las aportaciones a partidos políticos, solo 2 (Acciona y Red Eléctrica) lo hacen extensivo a sus fundaciones dependientes y a candidatos. Y señala que solo dos, Abertis y Enagás, informan sobre un sistema interno de gestión de su actividad de lobby.
Respecto a los paraísos fiscales, el estudio ha identificado han identificado 1.380 sociedades domiciliadas en paraísos y nichos fiscales en el ejercicio 2016. De las cuales, 1.099 sociedades son de tipo financiero o ha sido imposible identificar una actividad de tipo productivo y/o comercial.
Por último, hace mención a la labor de auditoría, de la que señala que “ha sido ampliamente cuestionada tras los fallos en la detección de problemas y de agujeros contables en las cuentas de algunas empresas. Por ello es relevante que las empresas informen cómo garantizan la independencia de la auditora. Los aspectos que generan mayores riesgos para la independencia tienen que ver con la duración de la relación, el proceso de selección o los ingresos por servicios distintos a la auditoria legal”.
