Estas se han ido adaptando a las necesidades de la sociedad, apareciendo consorcios de cooperativas de vivienda, de ahorro, políticas educativas y alimentación según los movimientos sociales existentes en el país, siendo reconocidas por la ONU como actores indispensables para el impulso económico, social y cultural, además de suponer un acercamiento hacia la democratización de los recursos. En la actualidad, un 11% de la población guatemalteca pertenece a una cooperativa institucionalizada, siendo casi el 60% de ellas, mujeres[1].
En la actualidad, en España, pero también en la Unión Europea en general, nos enfrentamos a profundos desafíos ambientales y materiales. Es necesario traer a la luz una reflexión sobre los pueblos ancestrales y su pervivencia, que ya inspiraban corrientes ambientalistas a la hora de buscar soluciones y políticas aterrizables. Entre los valores de esta manera de asociarse social y políticamente, encontramos autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad para cada uno de sus miembros. Y principios como adhesión libre y voluntaria, control democrático, participación económica, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad, no quedan fuera de nuestra sociedad.
Estos pueblos vivían de manera simbiótica con la naturaleza, colocándose como un elemento más. Se caracterizaban por adaptar sus necesidades a las del entorno, y cubrir sus necesidades de manera comunitaria. En la actualidad, estos movimientos responden a la incapacidad del gobierno de cubrir las necesidades de la población. ¿No nos encontramos en una situación similar?
Necesitamos una estructura que promueva la cooperación entre miembros de la comunidad, que sea democrática, que genere interés y beneficios para la comunidad, que genere empleo sostenible y basado en la equidad de género. Es el momento de que servicios como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones se plateen como cooperativas al servicio de la sociedad, y no propiedades privadas que generen beneficio a un mínimo número de personas privilegiadas, que ponen precio a las necesidades más básicas de toda la población, y, por tanto, vulneran nuestros derechos.
Es cierto, que una crítica a esta corriente es la mitificación de la naturaleza, debido a la universalización de ciertas investigaciones antropológicas, pero, manteniendo la perspectiva democrática y científico-tecnológica, hay mucho que rescatar de la historia de la humanidad. La nula intervención en el entorno, y la reducción del riesgo ambiental al mínimo son parte innegable al vínculo con la naturaleza ancestral. Nosotros estamos acotando la sostenibilidad como un concepto novedoso, cuando la naturaleza está en nuestra sangre.
[1] https://ces.gob.gt/wp-content/uploads/2019/01/16.pdf
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