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El Instituto Santalucía,plataforma dedicada a la investigación y el debate, ha lanzado el informe titulado "El sistema de la dependencia en España". Este documento constituye un análisis exhaustivo sobre la financiación, organización y evolución del sistema de dependencia en España, desde la promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que estableció el marco para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Los cuidados en el centro: un informe de Santalucía propone crear un Barómetro de Dependencia para evaluar los servicios del SAAD

El Instituto Santalucía, perteneciente al Grupo Santalucía, ha lanzado el informe titulado "El sistema de la dependencia en España". Este informe ofrece un análisis exhaustivo sobre cómo se financia, organiza y ha evolucionado el sistema de dependencia en nuestro país desde la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la cual estableció el marco para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que universalizó la cobertura de subvenciones y apoyos a los cuidados, condicionando el acceso únicamente a la valoración de las necesidades individuales.

El estudio, elaborado por Sergi Jiménez-Martín, Investigador de FEDEA y Catedrático de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, y Analía Andrea Viola, investigadora de FEDEA, también ofrece recomendaciones sobre la dirección que debería tomar esta prioridad social. El informe destaca que el 81% de las personas que brindan cuidados a mayores de 65 años son familias o cuidadores no profesionales, un colectivo mayoritariamente femenino (60%) y de mediana edad (entre 40 y 59 años). Estos cuidadores realizan una labor crucial en el sistema de apoyo a las personas mayores con necesidades de atención, dedicando entre 56 y 70 horas semanales al cuidado en el hogar, incluyendo actividades básicas de la vida diaria como alimentación, higiene, vestimenta y movilidad.

En cuanto a la financiación de los cuidados de larga duración, el informe indica que el sistema se sustenta principalmente en las aportaciones de las comunidades autónomas (51%), la contribución a nivel nacional (15%) y los copagos de los usuarios (21%). El presupuesto destinado a estos cuidados aumentó en un 23,3% en 2022, alcanzando los 2.902 millones de euros, el doble que en 2018, reflejando un incremento significativo de recursos.

El gasto en cuidados de larga duración representa el 8,7% del gasto total en sanidad en 2021, distribuyéndose en atención institucional, hospitalización de día y atención domiciliaria. Se observa un descenso en el gasto en atención hospitalaria (del 74% en 2003 al 64% en 2021) y un aumento en atención domiciliaria (del 18% en 2003 al 25% en 2021), mientras que el gasto en hospitalización de día se ha mantenido estable en un 10%-11%.

El SAAD comenzó atendiendo a los dependientes más severos para luego incorporar gradualmente a los moderados. Sin embargo, debido a la crisis financiera y los recortes presupuestarios de 2012, los dependientes moderados se integraron en 2015, lo que provocó un aumento masivo (33%) en la lista de espera de beneficiarios. Aunque se ha reducido significativamente desde entonces, la lista de espera aún presenta desafíos, con 177.423 personas registradas en diciembre de 2022, un 53% menos que en diciembre de 2015.

A pesar de las mejoras recientes en el presupuesto y la reducción de la lista de espera, los autores del informe proponen varias recomendaciones para mejorar el sistema en su conjunto:

  • Ampliar la oferta de servicios para liberar a los cuidadores no profesionales y permitirles incorporarse al mercado laboral.
  • Agilizar los trámites y procedimientos para acceder a prestaciones.
  • Implementar una evaluación del SAAD por parte de los ciudadanos para medir la satisfacción y calidad de los servicios.
  • Diversificar las fuentes de financiación para reducir la incertidumbre financiera de las regiones.
  • Adoptar un modelo de atención residencial más personalizado.
  • Mejorar las condiciones laborales y la profesionalización de los trabajadores del sector.
  • Coordinar de manera efectiva la atención sanitaria y la atención a la dependencia.
  • Garantizar un mínimo de atención para todos los ciudadanos, reduciendo las disparidades regionales en la cobertura.

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