Aunque son muchas las perspectivas desde las que se puede juzgar el decreto-ley de reforma laboral que ha aprobado recientemente el Gobierno y al que ha dado luz verde el Congreso el 9 de marzo, yo sólo quiero apuntar aquí una muy breve opinión a la luz de lo que creo que es la responsabilidad social de la empresa.
Disculpen en ese sentido la obviedad de recordar que uno de los pilares básicos de la RSE es la necesidad de que las empresas traten de atender lo mejor y más equilibradamente posible las expectativas que frente a ella tienen sus grupos de interés y, en consecuencia, traten de conseguir las mejores relaciones posibles con cada grupo: y tanto más cuanto más esencial sea cada grupo para la empresa. Avanzar en el arduo camino de la responsabilidad supone, precisamente, dotarse de estructuras organizativas y sistemas de gestión que concedan una mayor capacidad de opinión y de participación a los grupos de interés: sistemas, en definitiva, más inclusivos.
Naturalmente, dirán los puristas, eso es algo que depende esencialmente de la voluntad de cada empresa, siempre que, como mínimo, respete las exigencias legales. Ciertamente. Pero el nivel de las exigencias legales, ese mínimo que la empresa tiene al menos que respetar, no deja de influir: y muy significativamente. Por eso muchos pensamos que marcos reguladores exigentes posibilitan, en general, mejores niveles de relación de las empresas con los grupos de interés afectados por la regulación: o cuando menos, impiden o dificultan relaciones abusivas por parte de las empresas.
A este respecto, al margen de las muchas otras razones para su crítica y sin ánimo de cargar las tintas, creo que es incuestionable que la reforma laboral rebaja drásticamente esos mínimos legales que hasta el momento protegían un cierto equilibrio en las relaciones entre empresas y un grupo de interés tan nuclear como los son los trabajadores: desnivela de forma radical los equilibrios de poder entre empresarios y empleados, dando a los primeros unos derechos y una capacidad de negociación y de imposición de sus criterios mucho mayor que los disponibles hasta el momento. Y en paralelo, claro, reduciendo penalizadoramente los de los segundos. Prácticamente todos los aspectos que recoge la reforma apuntan en esa dirección. Tanto que puede parecer el objetivo que la anima: debilitar la fuerza de la negociación colectiva y reducir la capacidad negociadora de los trabajadores de cada empresa y de las organizaciones sindicales a nivel general; disciplinar severamente a unos y a otros para construir un mercado laboral más flexible, para abaratar los salarios y para posibilitar una gestión empresarial más libre frente a los condicionantes laborales.
Desde esta perspectiva, la reforma constituye un duro correctivo para la capacidad de los trabajadores de defender sus posiciones e intereses frente a la empresa: reduce muy significativamente su capacidad de exigir a la empresa responsabilidad frente a sus planteamientos, lo cual equivale a deteriorar a nivel general el mínimo de responsabilidad social exigido legamente a las empresas. Ergo, hace a éstas más irresponsables frente a sus empleados.
En este sentido, la reforma constituirá una piedra de toque crucial para calibrar la responsabilidad de cada empresa. Quizás (ojalá) haya empresas que no utilicen los recursos que permite la reforma para imponer peores condiciones a sus empleados (reducciones salariales, mayor facilidad de despido, contratos menos seguros…) y para obligarles a acatar sin rechistar sus exigencias. Pero seguro que habrá muchas que la aprovecharán a fondo con todo su terrible potencial. Ya lo están haciendo.
Puede que la reforma, como sus partidarios defienden, aporte ventajas de otro tipo (aunque todas, y especialmente las que se refieren a la reducción del paro y de la lucha contra la segmentación del mercado de trabajo, me parecen harto discutibles). Pero desde la modesta perspectiva de la RSE, creo que estamos ante una muy mala noticia: esta reforma laboral contribuye no poco a su desincentivo.
José Ángel Moreno Izquierdo
Vicepresidente de Economistas sin Fronteras
