Contratar discapacitados es doblemente rentable

El Instituto de Acción Social de FUNDACIÓN MAPFRE y la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, en colaboración con el grupo Indehold, han presentado el estudio ‘Discapacitados y empresas: un análisis de la productividad.

 Diario Responsable.com El informe da a conocer el beneficio directo que puede generar la contratación de los otros 1.810.700 discapacitados (763.800 hombres y 1.046.900 mujeres) que existen hoy en España; los problemas con los que se encuentran los trabajadores discapacitados y las empresas a la hora de hacer efectiva su incorporación al mundo laboral; el grado de cumplimiento de la ley de integración social por parte de los empresarios; el concepto de beneficio social respecto a su contratación; y la influencia de las ayudas existentes por parte de la administración en el incremento de la contratación.

El informe, promovido por FUNDACIÓN MAPFRE y elaborado a través de encuestas realizadas a empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores fijos en plantilla de toda España, analiza el ahorro medio por discapacitado del que puede beneficiarse una empresa y diferencia entre discapacidad severa o no, con el fin de saber qué grado de bonificación puede generar. También parte del coste laboral en que incurre el empleador de un discapacitado que es contratado en cualquier sector empresarial; realiza una proyección de la contratación del mismo en función de la oferta existente; analiza el impacto económico que supondría la utilización de esta fuerza de trabajo compuesta por 75.661 demandantes de empleo; define cómo quedaría ubicada la población en los distintos sectores empresariales según el tipo de contrato, sexo y edad -suponiendo que todas las demandas de empleo fueran atendidas-; y aplica los beneficios económicos de ahorro potencial que se generarían por la contratación de discapacitados.


Los resultados del informe hablan por sí solos. Si la contratación se realiza a personas con discapacidad severa, el ahorro para la empresa puede ascender a 6.000 euros por discapacitado (457.097.146 euros si se contratan a los 75.661 demandantes de empleo con discapacidad), cifra a tener en cuenta, especialmente en momentos en los que el ciclo económico no favorece.


El informe también hace una mención especial a la normativa legal, en concreto a la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a tener contratados al menos a un 2 por ciento de discapacitados en plantilla. Cabe destacar, que dado que en España existe un total de 29.590 empresas que deberían contratar discapacitados, la ley estaría obligando a emplear en torno a 138.067 personas pertenecientes a este colectivo, algo que en la realidad no ocurre. Según los resultados del estudio, las tasas de paro entre los discapacitados –especialmente entre las personas con discapacidad intelectual y mujeres discapacitadas- son alarmantes y se encuentran en continuo crecimiento. Actualmente sólo el 35 por ciento de las empresas españolas tiene contratada a alguna persona con discapacidad.


Del informe se desprende que si las empresas conocieran mejor los beneficios que reporta la contratación de estas personas, las subvenciones que pueden obtener para la adaptación de los puestos de trabajo, así como el nivel de motivación, fidelidad y esfuerzo continuo que demuestra un discapacitado a la hora de integrarse en el mercado laboral, las tasas de paro en este colectivo disminuirían considerablemente.


La presentación del estudio, celebrada en Madrid, ha corrido a cargo de Juan José Almagro, Director General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE, Carlos Guillén Gestoso, Catedrático de Psicología Social de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz y director del estudio, y Fernando Garrido, Director General del Instituto de Acción Social de FUNDACIÓN MAPFRE.